¿En qué grado la inseguridad afecta a la convivencia? Caso Ciudades de Colima-Villa de Alvarez y de Manzanillo, 2014-2017

Elaboración:
L.E. Julio Cesar Rodríguez González
L.E. Ana María Mendoza Curiel
Coordinación de Desarrollo Económico y Social del IPCO
Investigaciones y/o planeación municipal en temáticas de marginación, violencia urbana, segregación espacial, y vocacionamiento económico. 

I. Papel Primordial de la Ciudad como Derecho

Las ciudades son cada vez más el ámbito primordial para el desarrollo humano, la satisfacción de las necesidades de la población urbana y rural. De acuerdo con informes de la ONU y la CEPAL, en el año 2017 ya vivía en ciudades más del 50% de la población mundial y el 80% de la población de América Latina, previéndose que en el año 2050 la proporción se elevará a 66% y a 87%, respectivamente.*

* ONU, Perspectivas de Población Mundial 2017 y, CELADE - División de Población de la CEPAL. Revisión 2017, respectivamente.

A la par, en las agendas de sociedad y gobierno, cada vez se va interiorizando más la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad redactada en 2004 por la Coalisión Internacional del Hábitat (HIC) y retomada en 2010 por el Fondo Urbano Mundial de Río de Janeiro Brasil, la cual ha resignificado al concepto escrito en 1967 por Lefebvre y a la defensa feroz de los últimos años por la sociedad civil en diversos foros internacionales, y cuya noción se puede sintetizar así:

La mejora de la calidad de vida de los habitantes no debe limitarse a la escala de vivienda y de su barrio, sino trascender a la escala de ciudad y de su entorno rural, de manera tal que la ciudad le garantice a todos la realización de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) establecidos en los tratados regionales e internacionales, teniendo como pilares al bienestar colectivo, a la gestión democrática ciudadana y a la función social de la propiedad de territorio, es decir, a partir de la base del espacio y de las instituciones, reivindicándose el valor de la gente por sobre los intereses del capital. 

Particularmente, la convivencia y la seguridad se tornan en condiciones fundamentales para que los espacios de la ciudad permitan la interacción, el intercambio cultural, la potenciación de las transacciones económicas y, en lo general, el acceso a los servicios urbanos.

La violencia urbana, manifestada no sólo en la ocurrencia de delitos e incivilidades, la victimización en sí, sino también como la sensación de temor ante la amenaza percibida de ser víctima, genera una inseguridad que es un obstáculo o una negación del derecho pleno a la ciudad:

Si hay personas que adoptan un papel de victimarios, sometiendo coercitivamente ante sus decisiones e intereses a los demás, ello menoscaba el consenso y la coexistencia humana. Si hay personas que adoptan un papel de víctimas, sintiendo peligro, inhibiendo hábitos y su participación (por ejemplo, abstenerse de disfrutar del espacio público de noche), o recurriendo a mecanismos violentos de protección y de defensa, ello aminora la libertad, la vida humana y la convivencia.

II. Violencia Urbana de Alto Impacto en Municipios del Estado de Colima

La entidad de Colima y sus municipios, hasta hace pocos años se habían distinguido a nivel nacional por sus bajos niveles de violencia y por una alta percepción de seguridad entre la ciudadana. Sin embargo, a partir de 2015 se ha venido dando un escalonamiento dramático en los casos de violencia urbana de alto impacto, sobre todo homicidios, y particularmente en tres municipios. Esta situación de trauma, ha incrementado el sentimiento inseguridad entre la población y limitado algunos hábitos de convivencia, pero de distintas maneras y con diferentes grados entre tales municipios.

De acuerdo con un análisis del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP), en 2017 el Estado de Colima se tornó en el más violento del país (una tasa de homicidios de 98.5% versus la tasa nacional de 21.2%) y tres de sus municipios, Tecomán, Manzanillo, y Colima, aparecieron entre los veinte más violentos del país, ocupando respectivamente las posiciones 1, 2 y 12, ello en contraste con Villa de Alvarez que ocupo la posición 100 entre 230 municipios del país considerados en ese análisis, el cual ponderó a los casos de homicidios, secuestros, violaciones, lesiones, robo con violencia, y extorsión.

“Acentúa esta reconfiguración del mapa de la violencia el que el Municipio de Tecomán, Colima, no sólo haya ingresado por primera vez entre los 20 más violentos, como los otros de Colima ya referidos, sino que lo hizo para ocupar el primer lugar nacional” (CCSPJP, 2017).

El resultado sugiere que el contexto geográfico, económico y social de los municipios, contribuye  a definir un cierto patrón de configuración espacial de los tipos de delitos:

• Tecomán, municipio localizado al centro-oriente del Estado, con 123,191 habitantes hacia el año 2015, especializado en la agricultura (principalmente en el cultivo del limón, una actividad cuya rentabilidad ha decaído en años recientes), con una alta proporción de inmigrantes (principalmente de Michoacán y Guerrero) y, con altos niveles de marginación, pobreza y adicciones, resalta en la comisión de homicidios, pero no en la comisión del resto de delitos de alto impacto.

• Manzanillo, municipio localizado al sur-poniente del Estado, con 184,541 habitantes en el año 2015, sitio del puerto marítimo y turístico de Manzanillo, con una alta proporción de inmigrantes, altos contrastes económicos y sociales, y una presencia generalizada de marginación, pobreza y de adicciones, resalta en la comisión de delitos de extorsión y de  violaciones (nivel cercano del Municipio de Colima).

• Villa de Alvarez, municipio localizado al norte-poniente del Estado, con 136,779 habitantes, con un desarrollo urbano expansivo relativamente reciente y conurbado a la ciudad de Colima, estratos de población predominantemente de ingresos medios, y una menor densidad de negocios o puestos de trabajo (dado que estos se concentran más en la ciudad de Colima), resalta primeramente en secuestros y secundariamente en robos, pero no en homicidios, cuya tasa no sólo es la más baja dentro del Estado, sino además cercana al promedio nacional.

• Colima, municipio localizado al norte-oriente del Estado, con una población de 150,673 habitantes en 2015, albergue de la ciudad de Colima (capital estatal), con un desarrollo urbano menos expansivo y reciente (por limitaciones físicas y de propiedad del suelo), también con una alta proporción de migrantes (muchos de ellos jóvenes que acuden del resto de la entidad o desde otros estados para estudiar en sus universidades), concentrando el grueso de negocios-puesto de trabajo de la conurbación (sobre todo comercios y servicios), y padeciendo contrastes económicos y sociales dentro del territorio de la ciudad (población de mayores ingresos hacia el norte, y de menores ingresos hacia los extremos sur y oriente, que además poseen importantes niveles de marginación), resalta primeramente en robos y secundariamente en extorsiones y violaciones (nivel similar al del municipio de Manzanillo).

III. Inseguridad, Conflictos y Convivencia Vecinal en las ciudades de Colima-Villa de Alvarez y de Manzanillo

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2017 del INEGI sugieren que, al interior del Estado, entre sus dos principales ciudades, a saber en la capital y en el puerto marítimo, el nivel de inseguridad percibido por la población se asociaría principalmente a la ocurrencia de casos de homicidios, y no tanto a la ocurrencia de los otros delitos de alto impacto, así como que los conflictos en la convivencia estarían disociados o serían independientes tanto de la ocurrencia de delitos como de la sensación de temor, es decir, que obedecerían mas bien a otras lógicas, primordialmente de índoles urbana y sociocultural.

• En la ciudad de Colima-Villa de Alvarez, la sensación de inseguridad de la población es inferior a la nacional, tanto a nivel global como a nivel de los tipos de sitios de la ciudad en los que durante el día se encuentren los habitantes. 

• En la ciudad de Manzanillo, asentada en el municipio que ha padecido una mayor tasa de homicidios, el nivel de temor o alerta de los habitantes ante el peligro de ser víctima, de un 82%, supera al promedio nacional, de un 76%, sobre todo cuando la población se encuentra en sitios públicos (se sienten más vulnerables en las calles, en los centros comerciales, y en sus autos), en contraste con su permanencia en sitios privados (se sienten más seguros en sus casas).

Respecto a conflictos, datos de la misma fuente, revelan que tanto en la ciudad de Colima-Villa de Álvarez como en la ciudad de Manzanillo, sus tasas (relativamente similares o cercanas entre sí) son más elevadas que la tasa nacional, sin embargo, no participa de todos los mismos tipos de conflicto que se presentan a nivel nacional, pues mientras que a nivel país en determinados contextos urbanos son recurrentes los conflictos con los desconocidos, con las autoridades, con los establecimientos, y con compañeros, en cambio en los contextos urbanos de Colima-Villa de Alvarez y de Manzanillo los conflictos que más ocurren son en primer termino con los vecinos (por motivos de ruido, basura, etc.), y en segundo término con desconocidos (por motivos de estacionamientos, drogadictos, etc.).

En cuanto a Convivencia, según a datos de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del INEGI, en las ciudades de Colima-Villa de Álvarez y de Manzanillo se practican formas de interacción entre vecinos similares a las que se practican a en promedio a nivel país (platicar, visitarse, confiarse, reunirse, organizarse, etc.), sin embargo, la población reconoce que ello ocurre poco o nunca. Esto muestra que colimenses-villalvarenses y que manzanillenses están poco dispuestos a la organización vecinal dentro de su barrio y a la gestión participativa de la ciudad, así como que los factores socioculturales de cada ámbito local pueden limitar al comportamiento individual y colectivo.

Finalmente, opinión vertida por habitantes beneficiados y promotores comunitarios ligados entre si con la implementación del Programa Nacional de Prevención del Delito en los siete polígonos prioritarios del Municipio de Coima, refiere que las problemáticas en seguridad y en convivencia barrial están fuertemente asociadas a incivilidades cometidas por los habitantes en el espacio público (drogadicción, narcomenudeo, y ruido) o en el hogar (violencia intrafamiliar), así como a la existencia de insuficiencias urbanas (obscuridad), e institucionales y socioculturales (desconfianza hacia la autoridad, intolerancia, y desorganización comunitaria).

IV. Conclusiones y Recomendaciones Generales

La ausencia de una relación estrecha y de calidad entre los habitantes, aunada a la apatía o desdén de la población para interactuar, reunirse y organizarse con sus vecinos, parecen no estar fuertemente asociadas a la sensación de inseguridad, pues la interpretación de los datos sugiere que la desconfianza hacia “el otro”  es una concepción que los habitantes no le cargan fundamentalmente al vecino sino “al desconocido”. Por ello, como se revela en el caso de la ciudad de Manzanillo, el sentimiento del peligro está más ligado hacia el uso y la permanencia de la población en el espacio público abierto (calle, centro comercial y autos), que hacia al entorno comunitario y a los vecinos.

En cambio, la sensación de inseguridad expresada como un sentimiento de peligro que se le adjudica al extraño o al desconocido, sí podría estar asociada a la ocurrencia de delitos de alto impacto, sobre todo al de los homicidios, pues la revisión de los datos mostró que en los entornos urbanos donde es mayor esta prevalencia, en la ciudad de Manzanillo, la tasa de temor es mayor, en comparación a los entornos en donde se observa que esa prevalencia es menor, principalmente en el caso de la Ciudad de Colima.

Por lo tanto, resulta necesario, en términos de la política pública, que sociedad y gobierno diseñen mecanismos que busquen elevar los niveles de confianza de la población hacia sus vecinos en el ámbito comunitario, y hacia el habitante en general dentro del entorno de la ciudad, a fin de que así se geste una convivencia más armoniosa y estrecha. Ello es, en conformidad con los alcances de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, un elemento condicionante para que la sociedad se involucre, participe y gestione los asuntos de su ciudad, y para que alentando un arreglo más funcional del espacio y de las instituciones de la ciudad, se vuelva más asequible el disfrute de los derechos humanos por y para los ciudadanos.